El 30 de abril. Esa es la fecha límite para que el Congreso de Estados Unidos apruebe la derogación del “Obamacare”, lo que permitiría poner sobre la mesa la gran reforma fiscal que desde hace años quiere el Partido Republicano y que Donald Trump prometió a los inversores.
Pero sin la derogación de la Ley de Sanidad Asequible, el gran logro de Barack Obama, la reforma fiscal será imposible, o se quedará en poco menos que un parche con fecha de caducidad. Y la realidad es que ni los propios republicanos tienen claro qué hacer en ninguno de los dos lados, y la presión popular les está llevando a un estado de parálisis total mientras el reloj sigue contando.
El problema republicano se debe a un motivo muy simple: pese a sus grandes victorias en las dos últimas citas electorales, siguen sin tener la mayoría necesaria para aprobar leyes unilateralmente. Bastan 41 senadores en la oposición para vetar cualquier proyecto legislativo. Los demócratas tienen 48 y no tienen ninguna intención de derogar el ‘Obamacare’ o de realizar grandes bajadas de impuestos.
Como consecuencia, a los republicanos solo les queda una opción: incluir esos dos proyectos dentro de los presupuestos, la única ley que se puede aprobar con la mayoría simple de la que disponen en el Senado. Su plan es aprobar este año dos presupuestos: los de 2017 de forma retroactiva, ya que el año pasado no se pudieron aprobar, y los de 2018. En cada uno incluirían una de las dos reformas.
Pero el plan es mucho más complejo de lo que parece. El límite para aprobar los presupuestos de este año -que llevarían adjunta la derogación del ‘Obamacare’- es el 30 de abril. Tras ese día, se acabaría el plazo para aprobar los presupuestos de 2017 y pasarían a tramitarse los de 2018.
Desde ese momento, los demócratas tendrían derecho de veto sobre una de las dos leyes: o la derogación del Obamacare o la aprobación de la reforma fiscal, porque solo se podría incluir una de las dos en los siguientes presupuestos. Y aquí llega el segundo problema: es imprescindible derogar la ley sanitaria para aprobar la reforma fiscal que quieren los republicanos. Si la primera parte fracasa, la segunda caerá detrás.
Un agujero en las cuentas
La reforma fiscal anunciada por el presidente del Congreso, Paul Ryan, similar a la que prometió Trump en la campaña, busca reducir los ingresos por impuestos en 3 billones de dólares en una década. La ley estadounidense, sin embargo, prohíbe aprobar junto con los presupuestos reducciones de ingresos o aumentos de gasto que tengan el efecto de aumentar el déficit del país tras 10 años.
Si ese es el caso, la reforma debe ir con fecha de caducidad, como los recortes de impuestos aprobados por George W. Bush en el año 2001 y que ‘caducaron’ automáticamente al cumplirse los 10 años en cuestión. Y, en caso de que los demócratas volvieran a ganar en 2020, no tendrían ni que esperar: podrían derogar las reformas inmediatamente con la misma mayoría simple con que se aprobaron.
Para conseguir que la reforma sea “neutral”, es decir, que no cree déficit, los republicanos han encontrado tres soluciones. La primera es eliminar el ‘Obamacare’, que se paga mediante la recaudación de impuestos por valor de 1,2 billones de dólares anuales.
Sin la ley, no habrá necesidad de esos ingresos, que suponen un 40% del ahorro que buscan en el plan fiscal. La otra pata fundamental es el impuesto fronterizo anunciado en las últimas semanas, que recaudaría un billón anual, pagado por las empresas -y los consumidores- que importen productos del extranjero. Y el resto del dinero -unos 800.000 millones- se cubrirían con las expectativas de crecimiento extra por el recorte del impuesto de sociedades.
División interna, presión externa
Pero a esta altura, no hay consenso de ningún tipo dentro del partido. Trump ha mostrado su rechazo al plan de ajuste fronterizo, que se encontró con fuertes críticas de numerosas empresas estadounidenses y de poderosos grupos de presión conservadores.
El proyecto de ley de derogación del Obamacare ha sido retrasado después de que la Oficina de Presupuestos del Congreso le diera una calificación “horrorosa”. Y una larga lista de senadores, diputados y cargos estatales republicanos, con el propio Trump a la cabeza, anuncian que no apoyarán una derogación de la ley sanitaria sin que se apruebe otra en su lugar, para evitar que millones de personas se queden sin cobertura médica mientras tanto.
Sin embargo, todavía no se sabe nada del nuevo proyecto: Trump prometió presentarlo en cuanto el Senado confirmara a su secretario de Sanidad, Tom Price, lo que ocurrió el 10 de febrero, sin que aún haya dicho nada de su plan. Dentro del grupo parlamentario republicano, los más duros proponen la derogación al completo, pero los más moderados insisten en mantener partes, como los grandes aumentos de subvenciones sanitarias a los más pobres, que reducirían enormemente el ahorro fiscal de su derogación.
Y los republicanos de los estados conservadores que más han aprovechado el ‘Obamacare’, como Alaska, Kentucky o Arkansas, se niegan a dejar a millones de sus votantes sin todos los beneficios que han recibido. Votantes que, en las últimas semanas, están inundando a sus representantes de llamadas, cartas y protestas en encuentros personales exigiéndoles que no deroguen la ley sin un reemplazo que mantenga intacta la mayor parte de su contenido.
Ryan y los líderes republicanos saben que trabajan contra reloj: si no aprovechan el plazo del que disponen hasta abril, la derogación de la ley sanitaria será imposible. Sin esa derogación, la reforma fiscal deberá ser mucho menos ambiciosa -un 40% menos- o caducar en 10 años, corriendo el riesgo adicional de que los demócratas acaben con ella si recuperan el poder antes de esa fecha. Los inversores que dan por hecha la reforma fiscal pueden llevarse una sorpresa si los senadores republicanos de Alaska y Kentucky deciden no correr el riesgo de perder las próximas elecciones.
Bloomberg, Eleconomista.es