El proyecto para regular las tarjetas de crédito y débito que estudia el Parlamento sumó nuevas voces en contra. Semanas atrás había sido la Asociación de Bancos privados (ABPU) la que había alertado respecto a su posible inconstitucionalidad, dado que para establecer aranceles máximos de 2% para crédito y 1% para débito se necesitaría iniciativa del Poder Ejecutivo.
Ahora fueron el Banco Central (BCU) y el Banco República (BROU) los que sumaron argumentos contrarios a la iniciativa durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El presidente del BCU, Mario Bergara sostuvo que conformar una pieza legislativa específica para un instrumento que funciona “sin mayores problemas” en el sistema financiero “no parece ser imprescindible”.
En ese sentido, el titular de la autoridad monetaria añadió que la mayor parte de lo que plantea la iniciativa de ley ya está contemplado en los marcos genéricos de las leyes de relaciones de consumo, de competencia y de usura, como en la regulación del BCU “que ha ido atacando la mayor parte de los problemas en los últimos años”, según señala la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
“Esto no quiere decir que no haya cuestiones adicionales que puedan plantearse como problemáticas actuales en el funcionamiento de los mercados, pero pensamos que su solución no requiere la consagración de una norma legal, sino que por vías de negociación o reglamentación, pueden solucionarse con satisfacción”, apuntó Bergara.
Hoy los aranceles son de 2% en promedio para la tarjeta de débito y de 4,5% para crédito. Bergara recordó que esas comisiones pasaran a ser de 1,5% y 4% respectivamente sobre fin de año, de acuerdo a las previsiones del Ministerio de Economía.
Por su parte, el presidente del BROU Jorge Polgar sostuvo que la iniciativa es vista “con preocupación” desde el banco, no solo desde el punto de vista de la rentabilidad de la institución, sino también desde la estrategia que está desarrollando el banco para atender los desafíos que plantea el proceso de inclusión financiera. El banco recibe un porcentaje de lo que cobran los sellos por las operaciones con débito y crédito. Durante el año pasado la institución obtuvo ingresos por este concepto de US$ 21 millones.
El proyecto de ley fue presentado en el período pasado y fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero luego el Senado lo archivó cuando las autoridades financieras y los emisores de tarjetas llegaron a un acuerdo.
Hasta el momento no parece haber ambiente para que el Frente Amplio vaya a acompañar la medida. De naufragar esta iniciativa habrían otras dos que seguirían por el mismo camino: una presentado meses atrás por el senador del partido Independiente Pablo Mieres y otra del senador frenteamplista Leonardo de León.
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